Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Educación

La educación y la formación profesional en contextos de privación de libertad constituyen un campo estratégico para la ampliación de derechos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de trayectorias de inclusión social. En Uruguay, el marco normativo nacional e internacional reconoce el derecho a la educación de las personas privadas de libertad como un derecho humano fundamental y como un componente central de los procesos de rehabilitación y reintegración social. Sin embargo, el diseño e implementación de propuestas formativas pertinentes, certificables y sostenibles dentro del sistema penitenciario continúa planteando desafíos significativos, asociados tanto a las condiciones institucionales y normativas como a los imaginarios sociales que históricamente han delimitado lo “posible” y lo “imposible” dentro del encierro.
En este contexto, el presente trabajo sistematiza una experiencia de formación profesional con aprendizaje basado en el trabajo desarrollada entre 2020 y 2026 en unidades penitenciarias de todo el país, en el marco de intervenciones de alcance nacional financiadas por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) e implementadas en articulación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), COCAP, FOCAP y diversos actores de la sociedad civil organizada, reconocidos dentro del ecosistema de formación como Entidades de Capacitación Acreditadas (ECAs). La experiencia da cuenta de un proceso sostenido de inversión pública, cooperación interinstitucional y construcción de un enfoque pedagógico que coloca en el centro a las personas privadas de libertad como sujetos de derecho, capaces de aprender, enseñar, certificar saberes y proyectar trayectorias educativas y laborales más allá del encierro.
El proyecto se inscribe en una trayectoria de trabajo conjunto entre INEFOP e INR iniciada en 2013, período en el que se desarrollaron múltiples convenios orientados a la capacitación laboral intramuros. No obstante, la experiencia aquí presentada representa un punto de inflexión, en tanto propone un pasaje desde un conjunto de acciones formativas fragmentadas hacia una estrategia integral de formación profesional, planificada, con alcance nacional y orientada por criterios de equidad, pertinencia territorial y sostenibilidad. Esta reconfiguración se alinea con los debates impulsados por el EITICE, que interpelan las prácticas educativas en contextos de encierro a superar lógicas asistencialistas y a asumir una perspectiva de derechos, diversidad y justicia social.
Desde este enfoque, la propuesta asume que el acceso a la formación profesional no puede reducirse a un dispositivo de ocupación del tiempo penitenciario ni a una herramienta condicionada por lógicas disciplinarias. Por el contrario, se concibe como un derecho habilitante, estrechamente vinculado al derecho a la educación, al trabajo y a la participación social. En coherencia con ello, el proyecto reconoce la heterogeneidad de trayectorias educativas, laborales, culturales y vitales de las personas privadas de libertad, incorporando una mirada plural que evita enfoques homogéneos y deficitarios. La diversidad etaria, de género, de niveles educativos y de experiencias previas es asumida como un punto de partida pedagógico y no como un obstáculo.
INEFOP cumple en esta experiencia un rol central como financiador, pero también como actor estratégico en el diseño y la orientación de la política de formación profesional en contextos de encierro. Aporta marcos metodológicos, capacidades técnicas, criterios de calidad y una lectura articulada del binomio formación–trabajo, partiendo de la premisa de que la privación de libertad no debe implicar una interrupción definitiva de las trayectorias formativas ni una desvinculación absoluta de los sistemas de certificación y reconocimiento de saberes. La propuesta que aquí mencionamos ha podido operativizar más de 270 grupos que involucran unos 2900 cupos de formación para personas privadas de libertad en todo el territorio nacional, en diversas líneas de acción que se traducen en variadas propuestas formativas; consolidando una de las apuestas más significativas en materia de formación profesional penitenciaria de los últimos años para INEFOP-INR.
Un eje sustantivo del proyecto fue la construcción participativa de la demanda formativa, desarrollada junto a referentes educativos y laborales de las distintas unidades penitenciarias. Este proceso permitió identificar no solo intereses y necesidades de las personas privadas de libertad, sino también las capacidades reales de implementación en cada territorio, considerando condiciones edilicias, equipamiento disponible, dinámicas productivas existentes y la presencia de actores formadores. Este enfoque dialoga con los principios del EITICE en relación con la producción de conocimiento situado y la importancia de diseñar políticas educativas desde las realidades concretas del encierro.
En este sentido, la construcción de una co-visión —donde las miradas de quienes transitan cotidianamente el encierro se complementan con las de quienes intervienen desde fuera de los muros— se constituyó en una expresión metodológica de una política pública de cogestión que trasciende ampliamente las lógicas tradicionales de cooperación o coordinación interinstitucional.
La metodología de trabajo por proyectos con co-diseño fue una herramienta clave para superar perspectivas individuales y sectoriales, promoviendo la construcción de un “nosotros” ampliado, capaz de sostener acuerdos, aprendizajes compartidos y responsabilidades distribuidas en el tiempo.
En términos pedagógicos, la propuesta se apoya en un enfoque de formación por competencias, integrando saberes técnicos específicos, habilidades transversales y dimensiones actitudinales vinculadas al mundo del trabajo. Un componente particularmente relevante es la acreditación de competencias técnicas desarrolladas en contextos de encierro, llevada adelante en articulación con UTU. Esta línea de trabajo posibilitó que personas privadas de libertad certificaran formalmente saberes adquiridos en el desempeño de tareas productivas intramuros, reconociendo dichas prácticas como experiencias laborales con valor formativo y no como simples actividades ocupacionales. La certificación habilita así la continuidad educativa y mejora las condiciones de empleabilidad una vez recuperada la libertad, fortaleciendo la noción de trayectoria y evitando rupturas abruptas en el egreso, que en muchos casos inciden negativamente en los procesos de reinserción social y laboral.
La incorporación de procesos de acreditación constituye, además, un gesto político-pedagógico relevante, en tanto disputa el sentido común que asocia la cárcel con la improductividad o con la imposibilidad de generar aprendizajes socialmente reconocidos. En línea con los debates del EITICE, la experiencia demuestra que es posible construir dispositivos educativos de calidad en contextos de encierro cuando existen voluntad política, articulación interinstitucional y una mirada centrada en las capacidades de las personas.
Otra innovación significativa del proyecto es la implementación y ampliación de la metodología de doble perfil, desarrollada junto a COCAP, que propone la formación simultánea de personas privadas de libertad como aprendices e instructores. Esta metodología habilita procesos de enseñanza entre pares, potencia saberes construidos en la práctica y refuerza la dimensión colectiva del aprendizaje. Al inscribirse dentro de enfoques de aprendizaje basado en el trabajo, permite otorgar valor pedagógico y certificable a prácticas productivas reales, sin forzar esquemas de empleo formal que resultan, en muchos casos, inviables en contextos de privación de libertad.
El proyecto se caracteriza, asimismo, por una apertura deliberada a la sociedad civil organizada y a otros actores del entramado social como agentes de formación. organizaciones sociales, instituciones educativas, cooperativas y equipos técnicos aportaron miradas diversas, metodologías innovadoras y trayectorias previas de trabajo en educación, trabajo y derechos humanos. Esta articulación amplió el universo de propuestas formativas, enriqueció las prácticas pedagógicas y contribuyó a derribar estigmas persistentes, tanto hacia las personas privadas de libertad como hacia el propio sistema penitenciario, cuestionando la idea de que “adentro no se puede hacer lo que se hace afuera”.
Desde una perspectiva de política pública, la experiencia pone en evidencia la potencia de las estrategias interinstitucionales sostenidas, capaces de integrar educación, trabajo y derechos en un mismo dispositivo. Asimismo, invita a resignificar el rol de los sistemas penitenciarios, no solo como espacios de custodia, sino como escenarios donde se disputan sentidos sobre ciudadanía, inclusión y justicia social. La experiencia presentada busca contribuir a una pedagogía del encierro que no se limite a mitigar daños, sino que amplía horizontes de posibilidad y habilite la construcción de futuros posibles, alejando a las personas del retorno a situaciones de privación de libertad. Todo ello, colocando en primer lugar a las personas, sus intereses, expectativas, saberes, prácticas cotidianas y posibilidades de desarrollo y crecimiento personal. La formación profesional ofrece, en este marco, una herramienta concreta para pensar un mañana en otro escenario, que comienza a construirse en el presente
El saber – El Saber hacer y el Saber Ser han sido pilares fundamentales de la Formación Profesional por Competencias durante años en todo el mundo; creemos que en nuestras cárceles hoy este paradigma conceptual añoso sobre el que se apoya nuestro proyecto; parece estar consolidando avances interesantes que creemos podrían ser categoría de análisis con mayor detalle..