Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Educación

Resumen
En la Argentina, el desarrollo de medidas socioeducativas como parte de la judicialización penal juvenil, se inscribe en un largo proceso de transformaciones institucionales y normativas que, durante las últimas tres décadas, han buscado reemplazar las lógicas tutelares y punitivas por enfoques basados en requerimientos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, estas innovaciones son parte de un contexto político caracterizado por avances normativos que se producen en sentidos contrapuestos y que responden a demandas sociales de endurecimiento en el ámbito penal juvenil. Dicha tensión se expresa al interior de la recientemente sancionada Ley 27.801/2026, la cual, al tiempo que responde a la necesidad de derogar el antiguo Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278/1980) –produciendo el pasaje del modelo inquisitivo al adversarial y enmarcando el fuero penal juvenil al paradigma protección integral-, determina la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, respondiendo con ello a una lógica punitivista y electoralista.
Inmerso en estas fricciones que permean el campo penal juvenil a nivel nacional y también local, en la provincia de Santa Fe, de acuerdo al delito imputado y a la instancia procesal, una medida socioeducativa puede dictaminarse junto a otras disposiciones “cautelares” o “sancionatorias” que implican o no la privación de la libertad del/la joven imputado/da (Ley 14228/2023). En el presente trabajo me propongo compartir algunas reflexiones sobre ciertas tensiones y dimensiones que atraviesan la construcción cotidiana de intervenciones con jóvenes judicializados de la ciudad de Rosario, enmarcadas en el cumplimiento de aquello que el dispositivo jurídico enuncia como “reglas” o “pautas o conducta”.
Dichas intervenciones se llevan a cabo en el marco de un dispositivo –denominado Enlace- en el cual me desempeño desde el año 2024, el cual pertenece Secretaria de Políticas de Inclusión y Abordajes sociales del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe. De este modo, como punto inaugural de las disyuntivas y derivas que intentaré compartir en este laboratorio experiencias, cabe señalar que, si bien la intervención del dispositivo de Enlace se inicia con una derivación judicial, nuestro trabajo se inscribe dentro de un programa destinado a la prevención y abordaje de las violencias urbanas, denominado Programa Nueva Oportunidad, en el marco de una política de juventudes orientada a la restitución de derechos. Así, como veremos, la experiencia penal juvenil en la que nos incluimos y a la que buscamos acompañar, trascurre en un espacio social determinado por una superposición de disposiciones normativas y político-administrativas, instituciones, agentes, redes y organizaciones sociales y comunitarias que tensionan el sentido que adquiere lo “socioeducativo” como parte del proceso judicial (Medan 2018; Villalta y Graziano, 2024)
¿Qué tipo de pautas y acciones suponen para el equipo de operadores judiciales que determina y acompaña el cumplimiento de una medida socioeducativa? ¿Qué sentidos, intervenciones se despliegan tras la derivación al dispositivo de Enlace? ¿Cuáles sentidos y practicas adquiere “lo educativo” y lo “territorial” como parte de este entramado? ¿Cómo expresan los y las joven su involucramiento (o no) en el cumplimiento de este tipo de “medidas educativas” y qué valoraciones construimos al respecto quienes acompañamos este proceso?
Busco presentar algunos trazos que responden a dichos interrogantes, valiéndome de la elaboración de distintos circuitos y “mapas” políticos-administrativos, institucionales y barriales que configuran el espacio social en que se producen la experiencia de los y las jóvenes judicializados (Nebra, 2023) en relación con el Dispositivo de Enlace; así como de la presentación de algunas viñetas que reconstruyen distintas escenas de trabajo, desde el momento en que se produce la derivación judicial.
Como veremos, frente a la complejidad del campo social en que se desarrollan, la construcción de las medidas socioeducativas y la formas en que las estrategias que la componen se ponen en práctica en el trabajo con los y las jóvenes, dependen, en gran medida, de la voluntad, criterio y articulaciones de actores locales —jueces, defensores, equipos técnicos y profesionales, operadores, referentes territoriales y comunitarios- que intervienen en la elaboración y “acompañamiento” de la misma, aportando sentidos heterogéneos e incluso contradictorios, vinculados a la “normalización”, el control, la protección y restitución de derechos.

Palabras claves: JOVENES, SISTEMA PENAL, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS