Encuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles y Educación

Palabras clave: sistema penal juvenil; violencia institucional; encierro

Tema de investigación

La presente ponencia se enmarca en mi trabajo de tesis para la obtención del título de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de la República, Uruguay. Actualmente me encuentro desarrollando el campo de investigación, por lo que el documento representa un avance de la tesis.

Este trabajo aborda la violencia institucional en el sistema penal juvenil en el Uruguay, específicamente en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). La misma se propone estudiar las percepciones y significados que tienen para los actores institucionales las diferentes manifestaciones de violencia institucional en el contexto de privación de libertad adolescente. En este sentido, se busca comprender las prácticas y sentidos que los actores le atribuyen.

De esta forma, dentro de los objetivos específicos se plantea indagar las respuestas y acciones que se despliegan frente a situaciones identificadas por los actores como manifestaciones de violencia institucional, estudiar los sentidos que se construyen en torno a la violencia institucional y analizar los reglamentos, normativas y protocolos para el abordaje institucional de estas situaciones.

El estudio se inscribe en una problemática que ha sido advertida por organismos y fue reconocida públicamente como una preocupación institucional del propio INISA. En particular, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha señalado la existencia de prácticas y condiciones que podrían configurar situaciones de violencia institucional en determinados centros del sistema penal juvenil. Entre sus constataciones se señalan preocupaciones vinculadas al uso del aislamiento, la aplicación de sanciones, el trato hacia adolescentes y ciertas dinámicas institucionales que afectan el ejercicio de derechos (MNP, INDDHH,2024).

Asimismo, las propias autoridades del INISA han expresado su preocupación respecto a esta temática y han manifestado su voluntad de avanzar en estrategias orientadas a su prevención y abordaje. En esta línea, la Propuesta Programática 2025-2030 prioriza la transformación del organismo, orientada por principios de inclusión, corresponsabilidad interinstitucional y garantía efectiva de derechos humanos. Específicamente, la modernización institucional se plantea como uno de sus cometidos principales y se destaca como clave estratégica la “Reducción de la violencia institucional y mejora de las condiciones de encierro” (p.10).

Algunas definiciones

De acuerdo a Zaffaroni (2017), no existe país en el haya un Estado de derecho perfecto ni país donde se respeten todos los derechos humanos. La historia enseña que existen diferentes estándares de realización de un “debe ser” pero que no es del todo “ser”, por ello es necesario impulsar el ser cada vez más hacia el deber ser. Se presenta una tensión entre el deber ser (instituciones no deben ser violentas) y el ser (instituciones son violentas), la violencia institucional se conforma como una manifestación de esta resistencia.

A los efectos de esta investigación, la violencia institucional se entiende como el conjunto de prácticas o dinámicas ejercidas por agentes estatales en contextos de encierro que pueden implicar vulneraciones de derechos. Estas comprenden tanto acciones concretas de maltrato como condiciones estructurales y materiales que inciden en las condiciones de vida y pueden generar sufrimiento. En este sentido, no se trata de hechos aislados, sino de situaciones que pueden manifestarse en prácticas cotidianas y rutinas disciplinares (Jarque,2019; Oliver Olmo,2018).

La violencia institucional posee diversos usos, de acuerdo a diferentes autores existen tres elementos que determinan las situaciones de violencia institucional: participación de personal dependiente del Estado, prácticas específicas que se caractericen por ser reiteradas y sistemáticas, y estas prácticas son ejercidas en un contexto de encierro o limitación de autonomía (Jarque,2019; Oliver Olmo,2018).

De acuerdo a Uriarte, el sistema penal juvenil es estructuralmente selectivo. Ello se debe a tres motivos fundamentalmente: en primer lugar, ingresan a él determinados jóvenes que cometieron determinados delitos; en segundo lugar porque el sistema tiene una capacidad administrativa inferior para controlar todos los delitos que puedan ser cometidos por toda la juventud y en tercer lugar, es selectivo porque “(...) existe una selectividad por construcción punitiva del abandono que constriñe aún más la capacidad de procesar delitos, pues obliga a un gran trabajo de detención en el mejor de los casos, de decantación” (Uriarte, 2006, p.53). De este modo, el sistema se encuentra diseñado y entrenado para controlar selectivamente a un grupo de jóvenes; ello se refleja en los informes técnicos donde se describe un panorama psicosocial asociado a la pobreza, a sus formas de crianza y a sus cotidianos de vida (Uriarte,2006).

De acuerdo con Uriarte, el control institucional funciona como un sistema de contención programado para intervenir con fines rehabilitadores, aunque estructuralmente no está en condiciones de hacerlo. Esta programación resulta ilusoria, pero cumple un rol simbólico importante tanto dentro como fuera de la institución. De este modo, el sistema termina desempeñando, en los hechos, una función centrada en el control y la contención de los conflictos y violencias que no son abordados adecuadamente por las políticas públicas de corte social, especialmente aquellas orientadas a garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes. En todas las instituciones pesa con fuerza el mandato social de ejercer contención física sobre los jóvenes; así, ante el riesgo de fuga y la percepción del peligro que esta implica, el encierro se impone como la respuesta prioritaria (Uriarte,1995).

En esta línea, González y Leopold, señalan que el sistema penal juvenil ha recibido críticas de forma constante donde se cuestiona la viabilidad de la rehabilitación; críticas que provienen desde externos, opinión pública hasta desde la propia interna del sistema que se atribuyen entre si las responsabilidades por el incumplimiento de los objetivos institucionales establecidos. A pesar de ello, el debate respecto al funcionamiento se desarrolla “(...) como una controversia simulada, donde todos los participantes asumirán jugar el juego del «como sí»” (González y Leopold,2016,p.25). De ese modo, el sistema parecería ensayar respuestas con fracasos previamente anunciados, reproduciendo una lógica que remite al mito del eterno retorno, en la que las soluciones se reiteran sin generar transformaciones” (González y Leopold, 2013,p.67-68).

Enfoque metodológico

La metodología que se desarrolla es de carácter cualitativa, se basa en una perspectiva interpretativista orientada a comprender cómo el mundo social es experimentado, producido e interpretado por las personas. La misma presenta un diseño de tipo flexible y sensible al contexto social en el que se produce, reconociendo así la importancia de la adaptabilidad (Vasilachis, 2006).

Las técnicas de recolección de datos que se utilizarán son análisis documental y entrevista semiestructurada. La primera permitirá estudiar la normativa, reglamentos, protocolos y otros documentos relativos a situaciones de violencia institucional. La segunda consiste en un intercambio donde la investigadora busca comprender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, permitiendo así comprender las narraciones de los sujetos a través de sus propias perspectivas, interpretaciones, percepciones y sentimientos (Corbetta, 2007).

En este sentido, la entrevista proporciona medios analíticos para comprender la heterogeneidad de los discursos, no para considerarlos como verdades absolutas sino para identificar los sentidos que circulan en ellos, incluso aquellos que no resultan evidentes para sus propios protagonistas (Hammersley y Atkinson, 1994). Las entrevistas están dirigidas a cuatro poblaciones: Directorio de INISA; directores de los centros; funcionarios de atención directa en Centros; profesionales psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en los centros. Asimismo, se busca reflejar la diversidad organizativa del Instituto por lo que se apela a la heterogeneidad de los centros de privación de libertad.

Bibliografía
Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.
González, C y Leopold, S. (2016). Usos y sentidos de la implementación. En Casa Bertolt Brecht (Comp.), Adolescentes y privación de libertad en Uruguay. Aportes académicos al debate (pp.23-30). https://www.cbb.org.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_90/1.Adolescentes_y_privacion_de_libertad_Aportes_academicos_al_debate.pdf
González, C, Leopold, S. (2013). De crisis y reformas. El actual funcionamiento del sistema penal juvenil en Uruguay desde la perspectiva de sus actores y expertos. En C. González, S. Leopold, L. López y P. Martinis (Coord.), Los sentidos del castigo. El debate uruguayo sobre la responsabilidad en la infracción adolescente (pp. 45-69). TRILCE y CSIC. ISBN 978-9974-32-619-4
Hammersley, M. y Atkinson, P. (1994) Etnografía: Métodos de investigación. Barcelona: Paidós.
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). (2025). Propuesta Programática 2025-2030. Montevideo, Uruguay. https://ftp.inisa.gub.uy/images/Indicadores/Documentos/Varios/2025/Propuesta%20programtica%20Inisa%202025-2030.pdf
Jarque, M. (2019). Violencia institucional y contextos de encierro. (Trabajo final integrador para obtener título de posgrado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1728
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. (2024). Informe global. Sistema Penal Juvenil. https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informeglobal2024-SPJ-MNP
Oliver Olmo, P. (2018). El concepto de violencia institucional: un enfoque desde la historia social del control y el castigo. Gerónimo de Uztariz (España), s/v(34), 117-138. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6904052
Uriarte, C. (2006). Vulnerabilidad, privación de libertad de jóvenes y derechos humanos. (Fundación de cultura universitaria). ISBN 9974-2-0601-4
Uriarte, C. (1995). Derechos del niño-adolescente y violencia. En SERPAJ, R. Changala y M. Navarrete (Comp.), Niños y adolescentes en conflicto con la ley. Proceso judicial y medidas de seguridad. (pp. 69-89). ISBN 9974-611-08-3
Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. En I. Vasilachis (Coord.), La investigación cualitativa (pp. 23-65). Barcelona: Gedisa, S.A http://www.famg.org.ar/documentos/herramientas-investigacion/03-investigacion-cualitativa-Vasilachis-2017.pdf ISBN 978-84-9784-173-3
Zaffaroni, E. (2017). Dossier. Violencia institucional. Espacios de crítica y producción (Argentina), s/v(53), 21-23. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/3755Núm. 53 (2017)